COLIMA
La estrepitosa caída de tres presuntos responsables del asesinato de la tía y la prima de Mario Delgado, tras un enfrentamiento con fuerzas estatales, deja un sabor agridulce que oscila entre la eficiencia reactiva y la sospecha de una justicia selectiva.
Mientras la Fiscalía de Colima presume el abatimiento de los implicados en la colonia Punta Diamante como un golpe al crimen, la celeridad del caso pone en evidencia una dolorosa realidad en la que, en México, la maquinaria del Estado solo parece aceitarse cuando la sangre derramada pertenece a la élite política.
Y un ejemplo claro lo fue la muerte de María Eugenia y Sheila Delgado en la colonia Placetas ya que el Estado detonó un despliegue de recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia para dar con los culpables, mientras que miles de familias colimenses, cuyas víctimas permanecen en el olvido o bajo el polvo de carpetas de investigación estancadas, jamás han visto tal movimiento.
Este episodio no es solo un reflejo de la violencia desbordada que el gobierno de Indira Vizcaíno no ha logrado contener, sino una muestra del «privilegio de la justicia» en un estado donde los índices de homicidio y feminicidio han normalizado el terror cotidiano.
El hecho de que los sospechosos fueran localizados y «neutralizados» en menos de 48 horas plantea interrogantes incómodas sobre la capacidad instalada del Estado, dónde si este nivel de eficacia es posible, ¿por qué no se actúa de igual manera para los ciudadanos de a pie?
El silencio de los abatidos, que ahora nunca podrán ser interrogados sobre la estructura criminal a la que pertenecían o los motivos reales del ataque, cierra de forma abrupta un capítulo que convenientemente deja el expediente en un «caso cerrado» por la vía de las armas, evitando un juicio público que podría haber revelado grietas más profundas en la seguridad de la región.
De manera que el mensaje enviado desde el poder es doblemente cruel ya que para la familia del secretario de Educación hay una respuesta contundente; pero para el resto de Colima no, al cual solo le queda la resignación de saber que su seguridad no es una prioridad de Estado, sino una cuestión de apellidos.
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