Zacatecas, Zac; 9/10/2026.- Lo que inició como una legítima movilización social para exigir precios justos para el frijol y mejores condiciones para el sector agrario, terminó en una jornada marcada por la violencia institucional pues elementos de la Policía Estatal Preventiva, incluyendo sus Fuerzas de Reacción Inmediata, desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que ha sido calificado por diversos sectores sociales como un claro abuso de autoridad y una violación sistemática a los derechos humanos.
Productores de frijol, históricamente vulnerados por las políticas de comercialización, decidieron alzar la voz en un punto estratégico de la capital por lo que a su protesta acudieron a proveer agua a los manifestantes pero que terminaron uniéndose a la lucha debido a las detenciones arbitrarias que se realizaron en el lugar.
De esta manera, se fue conformando un frente común entre el surco y las aulas, sin embargo, la respuesta del Estado no fue la apertura al diálogo, sino el uso del tolete y tácticas de dispersión agresivas, las cuales quedaron registradas en decenas de videos que bombardearon las redes sociales las cuales dan cuanta tal como lo afirmaron los sectores afectados quienes dan cuenta de la desproporcionalidad en el uso de la fuerza, donde la policía estatal, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, procedió a realizar detenciones denunciadas como arbitrarias.
Entre las personas llevadas por la fuerza se encuentran tanto productores agrícolas, cuyo único reclamo era defender el valor de su trabajo, como estudiantes mujeres de la UAZ que respaldaban la causa, este operativo, ocurrido a las puertas de un recinto educativo, no solo afectó a los manifestantes directos, sino que vulneró la paz de la zona escolar, generando un clima de pánico e indignación entre la comunidad estudiantil que presenció cómo sus compañeras eran sometidas por agentes de seguridad.
Las denuncias recabadas resaltan la gravedad de la represión física contra hombres y mujeres que se manifestaban de manera pacífica, así como una evidente criminalización de la protesta social, por lo que se puede constatar que el tratamiento de los campesinos y estudiantes como delincuentes ignora el derecho constitucional a la libre expresión y evidencia una falta de protocolos de mediación, priorizando la intimidación sobre la resolución de conflictos.
El enojo manifestado por los diferentes sectores refleja una herida profunda en la relación entre la ciudadanía y las instituciones por lo que las organizaciones sociales y la comunidad académica exigen ahora la liberación inmediata de los detenidos y una investigación que castigue el abuso de poder ejercido por la policía estatal. Zacatecas vive hoy un episodio oscuro donde la fuerza pública fue utilizada para intentar silenciar las demandas de quienes alimentan al estado y de quienes representan su futuro intelectual.
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