Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaronformalmente una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables por haber autorizado el uso y la “renta” del Castillo de Chapultepec para un evento privado de carácter empresarial.
El conflicto estalló luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmara en su conferencia matutina que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) pagó un monto superior a un millón de pesos para realizar una cena de gala privada en el Alcázar del Castillo, celebrada el pasado 10 de junio en el marco de los preparativos del Mundial de Fútbol. En esa misma conferencia, el Ejecutivo Federal minimizó el hecho señalando que el Castillo se ha rentado habitualmente desde hace mucho
tiempo para eventos particulares, mencionando incluso bodas y celebraciones de quince
años, declaración que encendió las alarmas de la comunidad académica y legal del sector
cultural.
Los especialistas e investigadores del INAH sostienen que la utilización del inmueble para fines comerciales e institucionales ajenos a la cultura viola flagrantemente el marco normativo mexicano. Los puntos centrales de la denuncia exponen la inexistencia del concepto de “renta”, ya que la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el Reglamento de la Ley Orgánica del INAH y la Ley Orgánica de la Secretaría de Cultura no contemplan bajo ninguna circunstancia la figura jurídica de
alquilar recintos históricos para fiestas de empresas o particulares. Asimismo, acusan una violación directa a las reglas del museo, cuyos lineamientos especifican que el espacio está autorizado únicamente para albergar eventos de carácter estrictamente cultural, académico o científico, estando explícitamente prohibidos los eventos sociales o corporativos.
Como sustento legal, los denunciantes anexaron a la FGR la grabación oficial de la conferencia presidencial donde se admite el cobro y la naturaleza del evento, con el fin de que el Ministerio Público Federal investigue las omisiones o autorizaciones de las autoridades de la Secretaría de Cultura y la Dirección General del INAH.
Respecto a las posturas oficiales, la Presidencia de la República mantiene la postura de que se trató de un procedimiento administrativo con un cobro tabulado existente de administraciones pasadas, enfatizando que el evento recaudó fondos para el propio mantenimiento institucional. Por su parte, las altas direcciones de la Secretaría de Cultura y del propio INAH han guardado silencio y no han emitido un comunicado técnico que aclare bajo qué régimen excepcional o permiso se justificó el ingreso de la multinacional de fútbol a la cena privada en la que participaron gobernadores e invitados especiales. Corresponderá ahora a la FGR determinar si abre una carpeta de investigación formal por posibles delitos
patrimoniales o faltas administrativas graves en el uso de bienes de la nación.
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