Fresnillo, Zac; 23/03/2026.- El ahora diputado local Martín Álvarez Casio presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena en contra del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, acusándolo de vulnerar los principios del partido al sostener encuentros con actores políticos de oposición en El Mineral. Bajo el argumento de que “en Morena la militancia es primero”, Álvarez Casio reprochó que se entablen diálogos con personajes del PRI y el PAN que han “golpeado” al movimiento, señalando que estas acciones generan confusión y traicionan la lucha de izquierda.
Sin embargo, este discurso de ética y protección a los valores de la “transformación” contrasta con el historial del propio legislador. Durante su gestión como secretario de Gobierno en el Ayuntamiento de Fresnillo, bajo la administración de Saúl Monreal Ávila, Álvarez Casio fue objeto de severas críticas y denuncias públicas que hoy cuestionan la autoridad moral de su reclamo. En su momento, se le señaló por un ejercicio del poder marcado por el uso de la estructura municipal para fines políticos, así como por omisiones en la atención a problemáticas urgentes de seguridad y servicios que afectaron directamente a la ciudadanía fresnillense.
En su actual queja partidista, el diputado local insiste en que no se puede “legitimar a gobiernos señalados por presuntos actos de corrupción” ni asociarse con quienes “saquearon Fresnillo”; no obstante, la opinión pública ha recordado que su paso por la secretaría municipal no estuvo exento de señalamientos similares sobre la opacidad en el manejo de recursos y el autoritarismo administrativo. Estas contradicciones sugieren que la denuncia ante la CNHJ podría ser más una estrategia de control político interno que una defensa genuina de los estatutos de Morena.
Mientras Álvarez Casio apela a la normatividad interna para sancionar a Ramírez Cuéllar por buscar la unidad con otros sectores, la militancia y diversos sectores sociales en Fresnillo mantienen presentes las denuncias que lo señalaron como un operador político que, en su función pública, priorizó el interés del grupo en el poder sobre las demandas sociales. El caso queda ahora en manos de la Comisión Nacional, mientras el diputado busca posicionarse como guardián de una pureza ideológica que su propio desempeño como funcionario puso en duda.
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