Zacatecas, Zac; 18/02/2026.- Carlos Pavón Campos, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, ha lanzado un enérgico y frontal cuestionamiento a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ¿se hará verdadera justicia al gremio minero o se mantendrá la complicidad con el saqueo? La denuncia de Pavón no se limita al emblemático robo de los 55 millones de dólares, sino que expone la metamorfosis de Napoleón Gómez Urrutia —a quien los mineros apodan “La Rata”—, quien pasó de ser un empleado de la “dorada burocracia” con altos niveles de deuda, a un multimillonario con propiedades de lujo en Canadá, cuentas en paraísos fiscales y un emporio inmobiliario que se extiende hasta las playas de Baja California Sur, donde sus hijos ostentan mansiones de 37 millones de pesos.
Para el líder del FRENTE, resulta inadmisible que un supuesto “defensor de los trabajadores” acumule tal opulencia mediante un sistema de extorsión que ha llevado a la quiebra a empresas estratégicas como Altos Hornos de México. Pavón detalla cómo las huelgas y tomas de instalaciones orquestadas por Gómez Urrutia no buscan mejoras laborales, sino forzar la entrega de efectivo y contratos para sus empresas familiares, como “Napale”. A través de esta última, se han detectado maniobras de evasión fiscal, como la autoventa de residencias en zonas exclusivas de la CDMX a precios ridículamente bajos (2.8 millones de pesos frente a un valor de mercado de 30 millones), una burla flagrante a las autoridades hacendarias que tienen registros de su falta de solvencia desde 2005.
Pavón Campos enfatiza que el blindaje político y el fuero otorgado por Morena han servido como una “caja chica” para financiar intereses particulares con las cuotas de los trabajadores, que se estiman en 200 millones de pesos anuales, sumados a otros 400 millones del fondo de resistencia. Ante este escenario de malversación, abuso de poder y enriquecimiento ilícito, el dirigente del FRENTE exige a la presidenta que no dé “carpetazo” a las huelgas inventadas ni ignore el adeudo de mil millones de pesos a los mineros de Cananea. La exigencia es tajante: amarrarle las manos al saqueador, investigar su fortuna y regresar el dinero a las familias mineras que han sido explotadas durante más de dos décadas bajo un manto de opacidad gubernamental.
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