La crisis de desapariciones forzadas y perpetradas por terceros en Zacatecas se profundiza con cada día que pasa. Un evento reciente que ilustra esta trágica realidad es el secuestro de siete jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, en el municipio de Villanueva el pasado domingo. Lamentablemente, de esos siete jóvenes, seis de ellos ya fueron encontrados sin vida, lo que arroja luz sobre la cruda realidad que enfrentamos en nuestra entidad y la aparente indiferencia de las autoridades frente a este flagelo.
Los números lúgubres continúan aumentando de manera constante, ubicando a Zacatecas en la octava posición a nivel nacional en términos de casos de desapariciones. Sin embargo, ocupamos el primer lugar en cuanto a la tasa, con un alarmante 45.5 casos por cada 100,000 habitantes.
La cifra histórica de desapariciones forzadas y personas no localizadas en el estado asciende a aproximadamente 3,600. De estos, el 75%, equivalente a más de 2,700 casos, se han registrado desde 2016 hasta la fecha. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades estatales no está a la altura de esta creciente problemática. Con demasiada frecuencia, los colectivos de búsqueda son ignorados y se ven obligados a ejercer presión para ser escuchados. Incluso, en el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, conmemorado el 30 de agosto, los familiares se vieron obligados a realizar marchas para exigir la búsqueda de sus seres queridos.
Con el fin de mantener viva la memoria de quienes han desaparecido, las familias de las víctimas erigieron monumentos conmemorativos en Fresnillo, Jerez y Zacatecas, en los que colocaron cientos de fichas de búsqueda. Estos monumentos sirven como un recordatorio incómodo de la incapacidad de las autoridades para frenar esta lamentable situación.
En lugar de asumir su responsabilidad, algunos gobiernos locales han optado por quitar las fichas de búsqueda en Jerez y Zacatecas, alegando que afectan la imagen urbana y el turismo. Esta actitud solo muestra insensibilidad ante el sufrimiento de las familias.
Estudios sobre la inseguridad vinculan el elevado número de desapariciones con el reclutamiento forzado de jóvenes para proporcionar mano de obra a las organizaciones del crimen organizado. Un estudio realizado en Viena, Austria, y publicado en la revista “Science”, sugiere que las bandas delictivas en México deben reclutar entre 350 y 370 personas semanalmente para cubrir las bajas causadas por los asesinatos.
El experto en seguridad, David Saucedo, ha afirmado recientemente que debido a la inseguridad generada por la presencia de bandas organizadas en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, se ha configurado lo que se conoce como el “Triángulo de las Bermudas”.
Cuando los jóvenes se resisten a unirse a estas organizaciones, a menudo son secuestrados, especialmente aquellos en el rango de edades de 15 a 25 años, como sucedió con los cinco jóvenes en Lagos de Moreno y parece haber ocurrido con los siete adolescentes zacatecanos sacados a la fuerza de una residencia particular.
En el transcurso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han contabilizado alrededor de 111,000 casos de desapariciones, mientras que los familiares siguen buscando a sus seres queridos y, en muchos casos, descubren fosas clandestinas. Todo esto, a pesar de las amenazas del crimen y la falta de apoyo.
A nivel nacional, también se enfrenta una crisis forense. En el caso de Zacatecas, esta crisis ha superado la capacidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para albergar cuerpos, ya que hay 700 cadáveres sin identificar.
Quiero expresar mi solidaridad a las familias de las víctimas y hacer un llamado enérgico a las autoridades federales y estatales para que resuelvan de inmediato esta crisis desencadenada por la inseguridad.