En un país de leyes, afirma el dirigente del sindicato FRENTE, Carlos Pavón Campos; -es necesario, y resulta una obligación-, alzar la voz, cuando éstas simplemente no se aplican o bien son corrompidas o compradas para favorecer intereses particulares, y tampoco podemos permitir que las leyes sean sustituidas por el criterio personal de los que deben aplicar la justicia.
Aseguró que lo han visto en varios casos, jueces manipulados por el tráfico de influencias u otros que les hablan al oído a billetazos para que fallen en favor de alguna de las partes, sin importar pruebas o evidencias, dejando al descubierto que la ley no será imparcial, sino que estará al servicio de quien la compre.
Todo ello viene a coalisión, -agregó Pavón Campos- porque todo parece indicar, que Karime Pérez Guzmán, jueza de distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, quiere hacer su voluntad e imponer, curiosamente sin explicación alguna, su criterio y simpatía en favor de un grupo manejado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, que desde hace más de tres meses trata de adueñarse entre amenazas, paros ilegales y acoso de la secciones 94 y 96 del Sindicato Nacional Minero FRENTE.
Como dice el clásico: juzgue usted mismo. Los Napillos solicitaron la detentación de contrato colectivo de trabajo de las secciones 94 y 96 del FRENTE y para autorizar la solicitud, la jueza Pérez Guzmán pidió que acreditaran el apoyo mínimo de 10% de los trabajadores, cosa que no sucedió, venció el plazo y los afines a Gómez Urrutia no presentaron ningún padrón; sin embargo, créanlo o no, la jueza siguió adelante con la solicitud y de ahí se desprenden un sin fin de irregularidades.
Trabajadores de la sección 94 y 96 denunciaron que desde el inicio del proceso, la juzgadora se comprometió con los afines a Napillo, a quienes informa de todo, mientras que la comunicación con el FRENTE es escueta y cerrada. Por otro lado, la jueza se tomó la molestia de hablar con gente en el municipio de Caborca para buscar el lugar donde se llevarían a cabo las votaciones.
Sin una mayoría acreditada, sin contar con un aval legal, la jueza Pérez Guzmán asegura que bajo el pobre y ligero argumento de proteger a los más débiles, aun cuando para ella los más débiles son los que pararon la mina 15 días, los que amenazaron al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, los que aventaron piedras a los camiones que transportaban a sus propios compañeros, los que pusieron en riesgo el empleo de más de mil personas, a ellos los favoreció aceptando el recuento, informándoles con antelación y de manera unilateral la fecha y lugar de este.
La cosa está tan cargada hacia los Napillos, que nadie sabe de dónde la jueza sacó la lista de votantes, ya que esta no coincide ni con el padrón de la empresa, ni con el del FRENTE, ni con el IMSS y tampoco con el Infonavit, autorizando así el voto a personas que ya no laboran en la mina, a los no sindicalizados y también le dio entrada a gente que ya cobró hasta su liquidación, es decir, que ya no tiene ninguna relación con la empresa ni con los trabajadores, estamos hablando de más de 300 personas irregulares.
El recuento no es un juego y mucho menos debe dejar sesgo que abra la puerta a la compra de conciencias y a la corrupción, tal como está sucediendo.
Lo que se está manipulando es, nada más y nada menos, el empleo de mujeres y hombres cabeza de familia, la estabilidad económica y laboral de la comunidad de Caborca y las poblaciones de la costa, por lo que exigimos un proceso limpio, en apego a la ley, donde las preferencias de la jueza Karime Pérez Guzmán no pesen más que la honorabilidad de los tribunales.